La Ley 13/1982, de 7 de abril de Integración Social de los Minusválidos, obliga a las empresas con una plantilla igual o superior a cincuenta personas a reservar un dos por ciento para la contratación de personas con discapacidad.

A pesar de estar regulado, existe un insuficiente cumplimiento de esta normativa, lo que en muchos casos sucede por desconocimiento e ignorancia del empresario. Actualmente se disponen de muchas ventajas, ayudas y subvenciones para acometer la contratación indefinida de este tipo de personas con minusvalías, entre las que se encuentran el Real Decreto 27/2000, de 14 de enero, estableciéndose en él la posibilidad de que las compañías obligadas se acojan a medidas alternativas de carácter excepcional al cumplimiento de esta cuota de reserva, entre estas acciones se encuentra la realización de un contrato mercantil o civil para el suministro de bienes o prestación de servicios con un Centro Especial de Empleo o con un trabajador autónomo discapacitado, realizar donaciones o acciones de patrocinio de carácter monetario para el desarrollo de actividades de inserción laboral y de creación de empleo de personas con discapacidad.

Dentro de los incentivos que se pueden destacar en la actualidad para la contratación de manera indefinida de personal con minusvalías, se señalan:

• Subvención de 3.906,58 euros una vez.
• Bonificación cuota S. S. Empresa: 70% para menores de 45 años y 90% para mayores de 45 años.
• Deducción de 4.808,10 euros de la cuota íntegra del impuesto sobre sociedades, el primer año.
• Subvención de hasta 901,52 euros en el caso de que se tuviese que adaptar el puesto de trabajo.
• Ayudas para la formación profesional de estas personas.