El año 2003 fue declarado por el Consejo de la Unión Europea como "Año Europeo de las personas con discapacidad"; con tal motivo, se han puesto en marcha en nuestro país importantes iniciativas de política social, entre las que destaca por su proyección hacia el futuro, la aprobación de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) y la trasposición de la Directiva 2000/78/CE relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.

Este Plan de Acción asume el nuevo concepto de Discapacidad. Sigue el enfoque de los derechos humanos y está al servicio de la política de igualdad de oportunidades, tal y como está formulada en la Ley antes mencionada. Los poderes públicos deben garantizar que las personas con discapacidad puedan disfrutar de forma efectiva y en condiciones de igualdad de todos los derechos civiles, sociales, económicos entre los que se destacan:

• Autonomía y vida independiente, poniendo énfasis en la toma de decisiones sobre su propia existencia, prioridad de las políticas activas que llevan a la autosuficiencia económica y la participación en la vida de la comunidad, y reconocimiento del protagonismo individual y colectivo en la solución de sus propios problemas.

• Integración y normalización, implicando esto una forma de vivir, estudiar, trabajar y divertirse en los mismos sitios donde lo hace el resto de las personas de su propia comunidad, de la forma más parecida a cómo proceden los grupos de su misma edad y recibiendo los apoyos necesarios dentro de los programas y servicios que están a disposición de cualquier persona.

•  Accesibilidad universal y diseño para todos, procediendo a la adaptacion posterior que deben cumplir los entornos, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles y utilizables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autóctona y natural posible.

• Respeto por la diversidad y perspectiva de género. Las personas con discapacidad constituyen un colectivo muy diverso. Esta diversidad es en sí misma un hecho positivo, que se debe respetar y aún propiciar. Únicamente funcionarán aquellas políticas que tengan en cuenta y respeten esta diversidad.

• Calidad de vida, significando esto auto-satisfacción de la persona con discapacidad con sus condiciones de vida. Incluye la satisfacción por su salud y seguridad, por sus competencias personales, por su autonomía y capacidad de tomar decisiones, por su bienestar emocional y material, y por los servicios recibidos en recursos comunitarios garantizados por derechos.

• Participación y diálogo civil. La equiparación de oportunidades es responsabilidad de los poderes públicos, pero también es una tarea en la que toda la sociedad queda comprometida. El principio de participación debe entenderse como la posibilidad de la ciudadanía de tomar parte en las decisiones de los asuntos públicos.

El contenido de este plan se ha estructurado en cuatro grandes áreas:

1. Atención a personas con graves discapacidades.
2. Políticas activas de inserción laboral de las personas con discapacidad.
3. Promoción de la accesibilidad de entornos, productos y servicios.
4. Cohesión de los Servicios Sociales para personas con discapacidad.